02.04.2021 La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa sobre el origen, el derrotero y los próximos pasos de la investigación que tiene 26 imputados y hasta ahora cuatro procesados por los crímenes el ámbito del Regimiento de Infantería N° 5, asentado en la Isla Gran Malvina. El estado de la causa que tramita en Río Grande
En la víspera del 39no aniversario del desembarco en las Islas Malvinas, que inició la Guerra del Atlántico Sur y fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas de nuestro país contra sus soldados, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualiza la información e historiza sobre la causa que tramita en Río Grande en la que se investigan torturas de las que fueron víctimas los jóvenes conscriptos en el ámbito de actuación del Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, asentado en la Isla Gran Malvina.
Con 26 personas imputadasen total por crímenes contra 22 víctimas, la causa tiene actualmente cuatro procesados. Entre el 13 y el 22 de abril el Juzgado Federal de Río Grande tomará declaración indagatoria, por videoconferencia, a los ex militares Edgardo Parada, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio Jse Samyn Duco, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz. Las primeras cuatro declaraciones indagatorias fueron tomadas entre el 5 y 6 de diciembre de 2019 a los imputados Eduardo Luis Gassino; Miguel Ángel Garde; Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Calderini, quienes luego fueron procesados.
Causa Malvinas, 15 años
La denominada causa “Malvinas” se inició en 2006, por una denuncia presentada por un ex soldado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego ante el Ministerio Publico Fiscal. A esta denuncia inicial, se sumaron otras, que describieron los tormentos padecidos a mano de sus superiores durante su participación en el conflicto bélico.
En un primer momento, la reconstrucción del despliegue y de los hechos se planteó exclusivamente en base a los testimonios y a la colaboración que prestaba el Ministerio de Defensa. A partir de 2015, con la desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos a Malvinas, se pudo acceder a datos ciertos y rigurosos que permitieron contrastar los testimonios con elementos respaldatorios y reconstruir con mayor precisión los hechos denunciados.
Con la desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos a Malvinas, se pudo acceder a datos ciertos y rigurosos que permitieron contrastar los testimonios con elementos respaldatorios y reconstruir con mayor precisión los hechos denunciados.
En octubre de 2017, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Alejandro Rapoport, solicitó la colaboración de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para la tramitación de la causa. La Islas Malvinas se encuentran dentro de la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Río Grande, situada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En el marco de ese pedido de colaboración se elaboró un proyecto de requerimiento de instrucción -pieza necesaria para la apertura de una investigación penal- y un plan de trabajo para el avance de la pesquisa.
El requerimiento fue presentado el 11 de mayo de 2018 y se circunscribió a los ilícitos cometidos en el ámbito de actuación del Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, asentado en la Isla Gran Malvina.
En esa presentación el MPF impulsó la acción penal sobre 22 de los hechos delictivos más graves que ocurrieron en aquella unidad militar e imputó los crímenes denunciados a 26 personas que revistaban allí.
El primer llamado a declaración indagatoria ocurrió en diciembre de 2018, y fueron citados 18 de los imputados en aquella presentación, pero sin fijar fecha del acto procesal dispuesto.
Ante las presentaciones de la fiscalía y de la querella, finalmente en mayo de 2019 se fijó fecha para celebrar las audiencias, entre junio y julio de ese año. Pocos días más tarde, el juez subrogante cesó su intervención ante la asunción del cargo de la jueza Mariel Borruto, quien suspendió la citación que había dispuesto su predecesor.
Por disposición del procurador general interino Eduardo Casal, el 6 de Junio del 2019 se presentó en la causa la fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, para intervenir en forma conjunta y/o alternada con el fiscal federal Marcelo Alejandro Rapoport.
Finalmente, entre el 5 y 6 de diciembre de 2019 se tomaron las primeras cuatro cuatro declaraciones indagatorias en la causa, a los imputados Gassino, Garde, Affranchino Rumi y Calderini.
El acto, primera oportunidad de los ex militares para defenderse de la imputación, tuvo lugar por videoconferencia, con la presencia de miembros de la Procuraduría conjuntamente con el fiscal Rapaport. El 18 de febrero del 2020 la jueza Borruto dictó el procesamiento de los cuatro indagados, por los delitos de tormentos y amenazas, y caracterizó los hechos de la causa como delitos de lesa humanidad.
El 11 de marzo del 2020 el Ministerio Público Fiscal solicitó que se fije fecha para recibirle declaración indagatoria a la totalidad de los imputados en el requerimiento presentado en el 2018.
El 29 de junio pasado el Juzgado Federal de Río Grande ordenó que se libraran exhortos a las cámaras federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de San Martín y de La Plata a fin de que esos cuerpos designaran los juzgados para que se le recibiera declaración indagatoria a Parada, Cadelago, Díaz, Duco, Vlcek y Masiriz. Los pedidos fueron rechazados en virtud de la emergencia sanitaria y el 1° de marzo pasado el juzgado dispuso fijar fecha para la realización de las audiencias indagatorias por teleconferencia, las cuales se llevarán a cabo entre el 13 y el 22 de abril próximos.
