En medio del clima electoral, la Comisión de Legislación General no logró reunir ni el tercio de los legisladores necesarios para abrir el debate en minoría. Hubo malestar de los corredores inmobiliarios con los proyectos que buscaban consensuarse.
“Los alquileres es un tema difícil. Hemos dado el primer paso, por algo hace 30 años que no hay una modificación, a pesar de que hay 8 millones de argentinos que están vinculados a un contrato de alquiler. Este proyecto despierta posiciones encontradas, que incluso se dan al interior de los mismos bloques”, continuó Lipovetzky.
Las distintas iniciativas, que buscaban consensuarse, llevan las firmas de Lipovetzky; Agustín Rossi y otros miembros del FpV; Felipe Solá, de Red por Argentina y otros legisladores del Movimiento Evita y Silvia Horne, del FpV.
Por su parte, Solá sostuvo ante la prensa: “Esta ley tenía dictamen el año pasado y el Presidente la sacó del listado de extraordinarias contra nuestra voluntad y entonces se cayó. Ahora, no la está re impulsando Macri, la está re impulsando el diputado Lipovetzky que tomó conciencia de su importancia”.
De la reunión, también participaron diferentes actores interesados: inquilinos –quienes se manifestaron a favor de los proyectos de ley- y corredores inmobiliarios y representantes de propietarios, que mostraron su descontento con varios puntos del articulado.
“Los tres proyectos que se iban a poner en debate son muy parecidos. Nosotros confiábamos en que nos íbamos a poder poner de acuerdo acá. Lo que pasa es que el Ejecutivo es el que no quiere que haya ningún tipo de ley de alquileres. Esto es lo que demostraron en todos estos meses, sino hoy hubiesen bajado los diputados del oficialismo”, expresó Gervasio Muñoz, titular Inquilinos Agrupados.
En tanto, Federico López Castromil, Vicepresidente I de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sentenció: “Estamos tratando de que salga una ley consensuada, pero para nosotros hoy así como estaba, el único consenso que había es que estábamos todos en desacuerdo. Hay muchos puntos debatibles, pero hay uno que directamente es inconstitucional y es que se quiera cercenar los honorarios de los profesionales inmobiliarios. Para nosotros es el respecto a nuestro trabajo”.
“La situación es muy complicada. Los propietarios la están pasando muy mal porque tienen la rentabilidad más baja de la historia. No son excéntricos magnates, la mayoría se rompió el lomo para llegar a comprar un departamento. Y los inquilinos también la están pasando muy mal porque llegan muy justos con los montos”, relató.
Además, plantean ampliar los tipos de garantía, entre los que se incluyen además de la garantía real, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía personal del locatario o del fiador -que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente- y la garantía de fianza.
En tanto, las iniciativas también proponen rever el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler. La mayor parte de ellas establece que “si carece de plazo expreso y determinado mayor, el plazo mínimo de locación para viviendas será de tres años”.
En noviembre de 2016, el Senado había dado media sanción -por unanimidad- a una iniciativa de la legisladora rionegrina Silvina García Larraburu (PJ-FpV). Sin embargo, el proyecto fue frenado en la Cámara de Diputados durante todo 2017 y volvió a reactivarse en 2018, donde consiguió dictamen de comisión a mediados de octubre. La iniciativa se fue posponiendo y el Gobierno la dejó afuera del temario de extraordinarias, por lo que perdió estado parlamentario.
