En Argentina, ubicada entre los países que más rápido reaccionó a los efectos económicos y del empleo provocados por la crisis sanitaria, según la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo el 35 por ciento de sus trabajadores activos tienen capacidad de mantener total o parcialmente su actividad o sus ingresos durante la pandemia, de acuerdo con un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd).
Es que la irrupción del coronavirus cercó con más dureza a los trabajadores precarizados o del sector de la economía informal, que necesitan -y no pueden- salir a buscar su actividad o sus changas, conseguir el sustento diario y satisfacer las necesidades básicas de sus familias, en un contexto de hacinamiento habitacional y falta de condiciones de cuidado e higiene, que los expone brutalmente al riesgo de contagio.
Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, atravesado por el Covid-19 visibiliza, tal vez como nunca antes, esa enorme rueda de la economía informal que subsiste en forma periférica al sistema y que contiene a empleadas domésticas, repartidores de delivery, cuentapropistas y el eslabón más débil de los monotributistas, en un contexto de fragilidad económica, despidos, suspensiones y bajas salariales que perjudicaron a 309.672 trabajadores, según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Como muestra de ese escenario, la semana pasada repartidores y repartidoras de apps como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats y Deliveroo realizaron un paro internacional de 24 horas en Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y España, bajo la consigna “Yo no reparto”.
Declarado como uno de los servicios esenciales en el marco de la pandemia por su función de distribuir alimentos, los trabajadores de delivery reclamaron aumento salarial y que las empresas les provean elementos de higiene, de seguridad y el cese de la precariedad laboral: es decir, ser reconocidos como trabajadores en relación de dependencia, con todos los derechos, entre ellos cobertura social.
“La pandemia puso de manifiesto e incluso profundiza cada día más las condiciones de super explotación y precarización laboral de los trabajadores de reparto en todo el mundo”, dijeron representantes del sector.
Alertaron además que “en todo el mundo” las empresas utilizaron “el mismo método: dejar librada a su suerte a todos los riders” y tampoco les entregaron elementos de seguridad e higiene, en jornadas de trabajo que rondan entre las 8 y las 12 horas, con sueldos congelados que promedian entre $50 y $100 por entrega.
Para Cetyd, en el nuevo escenario mundial, el Estado surge como sostén de los ingresos de más de la mitad de la población económicamente activa, con políticas de emergencia “de imposible sostenibilidad en el tiempo” y, por eso, la excepcionalidad obliga a discutir cómo la sociedad recauda sus ingresos, distribuye su riqueza e invierte sus recursos.
La especialista de la Oficina de País para la Argentina de la OIT, Elva López Mourelo, elogió la decisión gubernamental de reforzar los planes sociales y las asignaciones familiares.
Entre otras medidas, el gobierno lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por 10.000 pesos para personal informal y monotributista de las categorías A y B, fijó el pago de un bono de 5.000 pesos entre abril y julio para los empleados de la salud de todo el país, suspendió los desalojos, dispuso el congelamiento tarifario, la refinanciación de los pagos de las tarjetas de crédito, impulsó créditos para empresas con tasa preferencial, postergó el pago de contribuciones patronales y asistió a las firmas de hasta 100 trabajadores con dos salarios mínimos.
Protección social, preservación del empleo, promover trabajo decente y sostener el entramado productivo aparecen como los principales desafíos para el gobierno, a cinco meses de haber asumido y de haber heredado enormes compromisos de deuda con acreedores externos.
Mensajeros, empleadas domésticas, costureras, cuidadoras, jardineros, albañiles, feriantes y revendedores son algunos ejemplos de trabajadores que llegan con mayor incertidumbre a la celebración de este año del Día del Trabajo.
Días atrás, un informe de la OIT alertó que el empleo doméstico es “uno de los sectores más vulnerables ante la grave crisis provocada por el coronavirus” y detalló que 1,4 millones de esas trabajadoras argentinas están “más expuestas a los riesgos sanitarios y laborales” por el virus.
La Oficina de País para la Argentina del organismo laboral tripartito mundial, que conduce el brasileño Pedro Furtado de Oliveira, señaló que las empleadas domésticas “están en la trinchera de la pandemia y su rol es fundamental para preservar la salud de las familias y las comunidades”.
El informe técnico explicó que en el país ese sector representa el 5,6 por ciento del empleo, el 17,4 de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las asalariadas, aunque existe una elevada tasa de informalidad, ya que 3 de 4 trabajadoras no está registrada y, por lo tanto, no accede a los derechos laborales ni a la protección social.
Se trata de jefas de hogares monoparentales, con presencia de menores y un amplio número de integrantes, la mayoría, tiene entre 35 y 54 años, y sus salarios son más bajos que el promedio nacional. Además, 7 de cada 10 de ellas realiza trabajos generales como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina y 1 de cada 4 cumple tareas de asistencia y cuidado de personas durante más horas ante el cierre de escuelas.
Los jóvenes son parte de los grupo sociales en estado de vulnerabilidad laboral: según datos del CIPPEC, 6 de cada 10 jóvenes argentinos que trabajan lo hacen de forma precaria. Muchos estudiantes de universidades públicas solventan su carrera con trabajos precarios, algo que incide en los niveles de terminalidad de los estudios.
En las últimas semanas, las empresas multinacionales de comidas rápidas como Mc Donald´s y Burger King fueron noticia por despidos y rebajas salariales masivas en todo el mundo.
“En esta situación de crisis por la pandemia se está operando un sistema rápido de precarización laboral en toda América Latina. Los niveles son preocupantes, quizás los más altos de la última década”, sostuvo en una reciente entrevista con teleSUR, Mónica Bruckmann, socióloga y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Federal Fluminense, de Río de Janeiro.
