26.08.2020
La quema de las islas nicoleñas el 13 de agosto
Sobre jueces, ganaderos y gobernadores
En el contexto de una maraña de humo y declaraciones cruzadas entre funcionarios, con el fantasma de los “ganaderos incendiarios” que al mejor estilo de los cuentos de Juan Rulfo, parecen no tener rostro ni nombres definidos, algunos aseguran que la culpa es de los gobernadores y de la justicia, otros que es del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que precede el Ministro Juan Cabandié. Lo cierto es que existen al menos tres iniciativas de humedales en análisis de Senadores y ayer en algunos medios nacionales se anunció la próxima reunión que tendrán el presidente y el Ministro Cabandié para tratar el tema que aquí nos compete.
Pero en lo concreto ya se han incendiado 100.000 hectáreas de humedales. El registro de la historia deja huellas que señalan a los incendios como una problemática que obligó a las 3 provincias en el año 2008, a crear un ente llamado Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas). Durante estos meses de incendio, a pesar del sentimiento de abandono e impotencia que domina hoy (con justa razón) sobre los ciudadanos de las tres provincias recostadas sobre el delta del Paraná, son varias las áreas del Estado que han asistido para sofocar los incendios.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil, Centro de Operaciones de Emergencias y el Ministerio de Defensa a través de la Armada Argentina, son algunas de las áreas que llevan interactuando con los sofocantes incendios que están terminado con los recursos de los humedales y la fauna que allí habita, sumando unos 20 millones de pesos diarios en el despliega que lleva sofocar los incendios.
Lo cierto es que los que han hablado o se han movido, son acusados de no hacer nada, la oposición política y los medios afines, aprovechan para apuntar sus misiles contra el área del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, haciendo blanco en la figura del Ministro Juan Cabandié, pero poco y nada mueven la rama los gobernadores y algo han zapateados algunos intendentes de las ciudades afectadas por el humo. A todo esto los incendios aumentan, acorde a lo que impunemente advertían los medios hegemónicos sin dar razón de los por qué, sobre los incendios crecientes de los próximos meses. Incendios que continúan al momento de ser redactado este artículo, y que por ahora sólo han agregado algunos términos lingüísticos al disconformismo de los pobladores que empieza a crecer, Ecocidio y ley de Humedales.
El Estado Nacional y la Provincia.
El 30 de julio el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandie, en diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio, responsabilizó a la actividad agropecuaria por los incendios. En esa misma entrevista contó que presentó denuncias sobre los responsables a la Justicia entrerriana, ya que «la Nación no tiene poder de policía sobre los recursos naturales, sino las provincias, donde se establecen los delitos penales. Puedo ir a apagar los fuegos todas las veces sea necesario, pero la solución definitiva y la llave que abre esa puerta la tiene la justicia de Entre Ríos. Hay que terminar de apagar el fuego y la Justicia debe poner presos a los dueños de los campos».
Diez días antes, el lunes 20 de Julio el secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, manifestó que “para solucionar el problema de la quema de pastizales en las islas, hace falta una solución política política interjurisdiccional sólida. La respuesta genera y seguirá generando gastos millonarios de parte del Estado” Para dar nota de los millonarios gastos que demanda apagar los incendios para el Estado, Fuks destaca el trabajo conjunto de recursos de la Nación, que trabajan de manera articulada con personal y medios de las provincias afectadas por los incendios:
“El Servicio Nacional de Manejo del Fuego estuvo en cinco oportunidades con toda su capacidad logística con aviones, recursos humanos y tecnológicos. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) desplegó cinco aviones, cuatro hidrantes y uno observador, mientras que la Policía Federal Argentina (PFA) sumó un helicóptero con helibalde, que permite también el traslado de personal. La PFA, además, colaboró con personal de la Brigada Forestal y, finalmente, la Prefectura Naval estuvo presente con personal especializado. Asimismo, la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil brindó el soporte para comunicaciones operativas que permite fortalecer la coordinación de las tareas desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Junto con ello, el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, movilizó brigadistas y sumó dos buques multipropósito , así como el Ejército colaboró con su brigada y un helicóptero.
El humo proveniente de las islas invadiendo el acceso Illia
Los Passaglia
A partir del 13 de agosto, los incendios empezaron a correrse más hacia el lado de la provincia de Buenos Aires, alrededor 20 hectáreas se incendiaron en la zona de islas en la jurisdicción de nuestra ciudad. Personal de bomberos y Prefectura trabajaron durante más de 12 horas conteniendo y apagando el fuego. Aquel día se viralizaron varios videos que testimoniaban el incendio, el fuego y el humo que avanzó sobre la ciudad cubriendo de una nube tóxica que duró un par de día de manera intensa. A partir de ese día, desde el Instagram personal del intendente y desde las páginas oficiales de la municipalidad, comenzaron a publicar fotos del incendio con explícitos pedidos dirigidos a la justicia para que intervenga y sancione los incendios.
En esa misma semana, en el portal de noticias de Radio Noba se publicó un artículo en el que se da cuenta de una ley provincial que deben aplicar los municipios en el caso de incendio, la cual está vigente desde el año 2017. El artículo se refiere a la “Ley de manejo del fuego. La Ley 14.892 obliga a los municipios de la provincia de Buenos Aires a elaborar planes locales de prevención contra incendios forestales o rurales, adoptar medidas de prevención de incendios y ser la autoridad de aplicación de la ley en la jurisdicción de su partido.
El lunes 24 de agosto el diputado provincial Santiago Passaglia, contaba a los micrófonos del programa Pila y Media de Radio U 89.9, sobre el proyecto presentado en la Legislatura para que ese cuerpo declare formalmente su “preocupación” en torno a la quema de pastizales que se está realizando en la zona isleña de Entre Ríos, afectando al norte de la provincia de Buenos Aires. También hizo mención a su hermano el intendente Manuel Passaglia, quien “presentó una denuncia penal en Fiscalía Federal con el propósito de que intervenga la Justicia. “Ahora esperamos que Fiscalía Federal también intervenga porque se trata de la salud de los nicoleños.” Luego el legislador nicoleño apuntó sus críticas contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, “me preocupa la inacción del Ministerio de Medioambiente de la Nación. Al día de hoy no hemos recibido una llamada de ningún funcionario del área para preguntarnos si necesitamos algo o cómo se ven afectados los nicoleños.”
Un día después aparece en el portal de noticia de Radio Noba un titular explosivo: “Santiago Passaglia, dueño de 877 hectáreas de islas destinadas a la ganadería”. En el artículo se da cuenta de la fuente de dónde se extrae el dato y asegura que desprende de la declaración jurada del Diputado provincial. El periodista señala que las hectáreas se ubican en la zona de islas de Gualeguay, al sur de Entre Ríos, frente a las costas de San Nicolás.
La Ley 14.892 obliga a los municipios de la provincia de Buenos Aires a elaborar planes locales de prevención contra incendios forestales o rurales, adoptar medidas de prevención de incendios y ser la autoridad de aplicación de la ley en la jurisdicción de su partido. El mismo artículo expresa la siguiente aseveración: “La no aplicación de las mismas genera una responsabilidad penal por parte de los funcionarios por el incumplimiento u omisión de los deberes a su cargo, delito previsto en el artículo 248 del Código Penal. Mientras los funcionarios municipales echan culpa a otros poderes del estado, los nicoleños sufrimos las consecuencias de éste.”
La voz de aun abogado ambientalista.
Observamos que la mayoría de los funcionarios políticos (más allá de su fuego cruzado personal) cargan con las responsabilidades a la justicia de los incendios en los humedales. Entonces consultamos a un abogado especialista en el tema, el cual aseveró los siguiente: “La función de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como está constituido en la Constitución, cada cual tiene su rol y responsabilidad en su rango de actividad. El poder Judicial sólo puede actuar ante un conflicto concreto, antes del conflicto están los deberes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de cumplir y fiscalizar, de hecho la fuerza pública la maneja el poder Ejecutivo, que son en definitiva las fuerzas que deberían fiscalizar los humedales porque es un recurso interjuridiccional. Más allá de las provincias como responsables del dominio imaginario de los recursos naturales, que también deben velar por su protección desde los poderes Ejecutivos de las provincias junto a las Policías Ecológicas y el resto de fuerzas que manejan las provincias. No es responsabilidad plena del Poder Judicial, que sólo interviene en el conflicto, obviamente tiene cierta responsabilidad en solucionar el conflicto, pero en la prevención y en el control de las actividades que degradan el humedal la competencia es de los Poderes Ejecutivos.”
Sobre jueces, ganaderos y gobernadores.
Después de realizar el presente recorrido, donde se recolectaron las voces y declaraciones de funcionarios y políticos durante estos dos últimos meses, podemos concluir que el fuego cruzado (valga la redundancia) persiste entre funcionarios y de los funcionarios para con las justicia. Lo que es cierto también es que no aparecen voces ni posturas de los gobernadores de las provincias afectadas, por lo que toma fuerza la hipótesis que encuadra a éstos dentro de una posición, que denota el silencio que manifiestan. Entendidos en el tema, dentro y fuera de la política, cuando se los pone ante este fuego cruzado de declaraciones y de culpas de unos para otro, mientras se dilata la solución y los incendios continúan, insisten en que en verdad a los gobernadores le sirve más los incendios y un poco de humo, ya que el día de mañana esas tierras que servirán para la cría de ganado, le dejaran de manera directa o indirecta una renta a la gobernación, mientras que sino esas tierras demandan control y cuidados que debe invertir la provincia si la Nación hace caso omiso. La cuestión es que así seguimos, como empezamos y llenos de humo.
PIECAS
El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) es un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná, un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales. El PIECAS apunta a un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca.
El PIECAS, como ámbito para alcanzar acuerdos, tiene objetivos tendientes a establecer pautas de sostenibilidad en las actividades en el delta e islas del río Paraná, asegurando su integridad sistémica en el corto, mediano y largo plazo. Dichas pautas deben ser adoptadas por los gobiernos que lo han suscrito y no desde el PIECAS ya que este no constituye un organismo ejecutivo.
Origen
En abril de 2008 se produjo un número inusitado de focos de incendio simultáneos, lo que llegó a comprometer más de 170.000 hectáreas del delta. El humo generado llegó a la Ciudad de Rosario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El hecho motivó a la por entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a intervenir en la zona, cooperando con las jurisdicciones provinciales en el control de los incendios, al tiempo que puso de relieve la necesidad de reconocer los diferentes problemas que afectan la conservación y el desarrollo sostenible de la región.
En ese marco, la cartera nacional de Ambiente dispuso conformar un espacio de coordinación y construcción de consensos interjurisdiccionales en el que se definieran las bases para implementar un ordenamiento ambiental del territorio. Tras diferentes reuniones y talleres en los que participaron funcionarios nacionales y provinciales, así como técnicos y representantes de la sociedad civil, se rubricó un acta acuerdo para la creación del PIECAS y para avanzar en la gestión sostenible de los humedales del delta del río Paraná.
