La Paz. Bolivia cuenta desde este jueves con una ley para garantizar la asistencia gratuita a pacientes de cáncer, quienes desde hace meses se movilizaron en demanda de una mejor atención en el país.
El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó la Ley del Cáncer en un acto en La Paz con la asistencia de asociaciones de enfermos y sus familiares.
Evo Morales destacó uno de los pilares de esta norma aprobada por el Parlamento boliviano, las campañas de prevención, para intentar que la enfermedad no siga creciendo en el país, donde según datos oficiales se registran cada año cerca de 18.600 enfermos, de los que al menos 5.000 fallecen, en una nación con unos once millones de habitantes.
Morales reprochó a quienes critican que su Gobierno “no está haciendo nada” y manifestó que se pasó durante su mandato de solo cuatro a cerca de trescientas máquinas de hemodiálisis en el país y están en construcción tres centros de medicina nuclear.
Por su parte, la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, señaló que la nueva ley prevé que el Estado “atienda de modo integral desde el diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos”, en el marco del sistema universal de salud puesto en marcha este año en el país.
La presidenta de la Asociación de Familiares y Pacientes de Cáncer, Rosario Calle, recordó que el acceso gratuito a tratamientos y medicinas, muchos de ellos costosos, era un anhelo de este colectivo que ahora espera “mejores días de lucha contra el cáncer”.
Igualmente, la presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Patricia Mendoza, declaró que si antes el país “no estaba listo para luchar contra esto”, esta ley “nos da esperanza”.
La ley es la primera en el país para una atención específica contra el cáncer, después de que en años anteriores no prosperaran otros proyectos, y se centra en las campañas de prevención, la garantía del diagnóstico, el acceso a tratamientos y medicinas, y la mejora del equipamiento en centros de salud.
La atención a los pacientes está previsto que se financie en parte por impuestos al tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados como la confitería.
La norma llega tras meses de protestas de enfermos y familiares, como una huelga de hambre en pasillos de un hospital en La Paz en julio pasado, en demanda de una mejor atención pública a estos pacientes.