La decisión de que los delitos contra la integridad sexual de los menores dejen de ser de acción privada significa que el Poder Judicial debe investigar de oficio. La reforma implica además que, si se conoce el hecho de que un menor fuera víctima de abuso sexual, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia y el Estado está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente. Hasta hoy, ante este tipo de denuncias, la Justicia actuaba solo si había una ratificación del responsable del niño abusado, algo que ocurría en muy pocos casos, dado que la gran mayoría de estos hechos ocurren en el ámbito familiar.

El Senado aprobó la iniciativa para que el abuso sexual infantil sea un delito de acción pública.

“Se trata de un gran paso para la infancia. El propósito es que los delitos no queden impunes y que el Estado actúe como responsable último del bienestar de los niños. El próximo paso es trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales”, dijo  Carla Carrizo,  diputada nacional por Evolución que presentó el proyecto para modificar el artículo 72 del Código Penal.

La legisladora radical celebró su aprobación en el Senado: “Hoy ponemos en escena la voz de los protagonistas de esta lucha en defensa de los niños porque necesitamos que se haga justicia con las víctimas de abuso antes de que sean adultos”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. En tanto, se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.