Foto: Captura del video de la detención
Un nuevo caso de violencia institucional se dio en nuestra ciudad el pasado miércoles 25 de abril en la esquina de Garibaldi y Almafuerte. Efectivos policiales detuvieron sin pruebas y de manera violenta a un menor de 16 años, sin existir pruebas de delito alguno. Una práctica que se repite en cada ciudad del país y que no se puede dejar de denunciar a viva voz.
Se define como violencia institucional a toda práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud. Prácticas lamentablemente cada día más habituales, como la detención ilegal de menores “por portación de cara”, casos de gatillo fácil o fusilamientos disimulados como enfrentamientos, se repiten a lo largo del país. El apoyo de las autoridades nacionales a efectivos como Luis Oscar Chocobar, posteriormente procesado por un asesinato en la vía pública, enrarecen las aguas de la opinión pública, condimentado con el dudoso accionar patriótico de medios de comunicación hegemónicos.
San Nicolás no es ajeno a este clima de época, enrarecido desde el Ministerio de Seguridad para abajo, con vía libre a esta violencia institucional. Es recordado en nuestra ciudad el reciente caso Garfagnoli y el comprometido rol de la policía local, la oficial Brenda Gasparri, quien lo ultimó por la espalda.
Las razzias y los pedidos de documentación en la vía pública y medios de transporte se han multiplicado en los últimos meses, principalmente haciendo foco en los adolescentes, en nombre de la consabida seguridad de los vecinos. Pero en esta carrera contra el “pibe chorro”, la justicia nunca está del lado del más débil.
Los hechos
En la noche del miércoles 25 de abril, la policía se acerca a un grupo de adolescentes sentados en la esquina del CEMAC, oficinas de la municipalidad de San Nicolás. Al pretender pedirles la documentación, uno de los jóvenes – menor de edad- entrega su dni, y aclara que sabe que nadie tiene la obligación legal de llevar sus documentos, menos aún en el caso de menores. Ante esto, la policía responde intentando llevarlo detenido y queriendo llevarlo en el patrullero, aun cuando les informan que su padre ya estaba en camino.
Cabe destacar que no existía ninguna presunción de delito, y tal como detalla el “Manual
de bolsillo del pequeño detenido” de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
(CORREPI), “los menores de 18 años pueden ser detenidos si están cometiendo un delito o por
orden judicial, pero no deberían serlo en ‘averiguación de identidad’ o ‘para identificar’”.
Al llegar al lugar el padre del menor e intentar conocer el motivo de la detención de su
hijo, forcejeos mediante, le niegan dicha información, así como la del fiscal de turno y arriban al
lugar dos patrulleros más, con cuatro efectivos portando armas largas. Exagerado operativo
policial por un adolescente seguro de sus derechos, al menos.
Detención ilegal
Volvemos sobre la averiguación de antecedentes. Este mecanismo está previsto en la ley
23.950 que establece como requisitos para detener a una persona en estos casos es que haya
circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera cometido un
delito o pudiere cometer y no acredite fehacientemente su identidad. Más allá de la restricción
legal, la cuestión se agrava al tratarse de menores aquellos que son detenidos bajo esta
herramienta.
En caso de que se utilicen los artículos del Código Penal que hablan de la resistencia a la
autoridad, herramienta cada vez más utilizada para detener participantes en protestas de índole
social, negarse a presentar documentos de identidad que no se está obligado a portar no es un
delito ni es resistencia alguna. Por lo menos así se entiende en cualquier democracia que pretenda
actuar como tal.
El accionar del fiscal
A pesar de todos los fundamentos para que el menor no fuese arrestado, este fue
trasladado en medio de un gran operativo a la Comisaría Primera de la ciudad. Su familia reclamó
por la urgente presencia del fiscal de turno, Dr. Alejandro López, quien al llegar y ver semejante
escenario ordena la liberación inmediata del adolescente.
Frente a la propia familia del acusado de nada, interroga a los policías acerca de cuál era la
presunción de delito, no encontrando respuesta más que “nos dijo que lo que estábamos
haciendo era ilegal y que él no tenía por qué mostrar los documentos porque tenía derecho a no
hacerlo”. Ante tamaña explicación el fiscal debió darle la razón al menor y dar buena reprimenda a
los efectivos por el acto de violencia institucional incurrida.
Luego de la denuncia en redes sociales, la familia del adolescente prevé tomar acciones
legales, no solo por la injusticia cometida, sino como mojón en una lucha contra los cientos de
pibes que son interrogados, detenidos, golpeados, abusados y fusilados en las calles del país en
nombre de una ligera sospecha de delito.
Una vuelta del “algo habrá hecho” que justifica cualquier atentado contra los derechos
civiles de los ciudadanos, por portación de cara o por portación de juventud. Una situación cada
día más grave, avalada por el Estado Nacional, quien felicita a las fuerzas de seguridad acusadas de
gatillo fácil y de apremios ilegales en cualquier comisaria o cárcel del país.
Virginia Bertetti
