El Disparador
24.10.2021 Basta con observar cualquier posteo de la Municipalidad en la redes para encontrarse con algún comentario de vecinos preguntando o cuestionando los costos de ciertas obras o servicios que constituyen actos de gobierno, pero cuyos presupuestos no son publicitados ni en la cartelería de las obras y menos aún en la página oficial del ejecutivo. Este tipo de situaciones que terminan redundando en bajos niveles de transparencia institucional, tienen su contracara en el derecho al acceso a la información pública que cualquier vecino o vecina de la ciudad debería de poder gozar. Hoy te contamos que es este derecho, que marco jurídico lo contempla y cual es el déficit a nivel local.
“Un gobierno abierto y transparente que pone a disposición de los ciudadanos información relevante para promover mayor participación y cercanía”. “El acceso a la información pública te permite conocer y utilizar la información que producen o tienen los tres poderes del Estado”. “Ya llevamos abiertos más de 60 conjuntos de datos públicos en el portal”.
Las frases que promocionan el concepto de Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública pueden encontrarse tanto en la página oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos AIres, como en la plataforma del Gobierno Nacional o en el sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires. La idea de abrir la información a la sociedad y convocarla a controlar los actos de gobierno desde un simple click ya no es novedad. Tiene sus años en nuestro país y ha avanzado en la mayoría de los niveles del Estado. Sin embargo, los municipios son el principal foco de resistencia en este camino de “abrir” los datos e información a sus vecinos y vecinas y San Nicolás no es la excepción.
El derecho a la información pública.
En diciembre de 2003, el flamante presidente Nestor Kirchner firmó el Decreto 1172/2003 que establecía un reglamento para acceder a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional que él encabezaba. La crisis política desatada en 2001 exigía gestos políticos que marcaran un camino hacia la reconstrucción de la confianza social en las instituciones.
Trece años después, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.275 donde se definió el derecho al acceso a la información pública como aquel que “comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados(…)”. Así se incorporaba a la legislación nacional el derecho a que cualquier ciudadano (incluides periodistas) pueda solicitar información a organismos públicos y que éstos estén en gran medida obligados a otorgar esa información. A nivel periodístico, un claro ejemplo de los alcances de esta ley, es la solicitud de los registros de ingresos y egreso a la Quinta de Olivos por los cuales el portal de noticias El Destape publicó en 2020 los numerosos encuentros que Mauricio Macri tenía con jueces y fiscales de la nación que investigaban a miembros de la oposición.
En el caso de la provincia, la constitución bonaerense garantiza el derecho a la información para todas las personas que habiten el territorio (punto 4, artículo 12). En agosto del año 2000, el congreso provincial sancionó la ley 12475 que con apenas nueve artículos reglamenta el acceso a la información pública respecto de los organismos dependientes del estado provincial.
El gobierno de María Eugenia Vidal, enarboló la suscripción del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto que no pudo incorporar siquiera a los municipios donde gobernaban sus propios intendentes. De este Plan, sólo quedó un lindo manual llamado Acceso a la Información Pública – Guía de Buenas Prácticas para Municipios, que se puede aún consultar en la web. En el Anexo II, se puede encontrar una “Ordenanza Modelo para el Acceso a la Información Pública” (Pág. 27) para que los municipios incorporen y reglamenten este derecho en sus ámbitos gubernamentales.
A nivel local, a pesar de ser Ismael Passaglia funcionario de Vidal y su hijo intendente interino en reemplazo del padre, las recomendaciones de la ex gobernadora no tuvieron eco en el oficialismo. Quienes sí estuvieron atentos al material diseñado por la gobernación fueron los integrantes del Frente Renovador. En agosto de 2018, por medio del expediente N° 16763 presentaron un proyecto de ordenanza que asimila -prácticamente copia- el modelo recomendado en la mencionada Guía de Buenas Prácticas para Municipios. Lamentablemente, el proyecto de ordenanza, como tantos otros, no prosperó en el recinto y hoy les nicoleñes seguimos privados del derecho a al información pública como herramienta de control de la sociedad de los actos de gobierno municipal.
Si tuviéramos esta herramienta, como por ejemplo la Municipalidad de Bahía Blanca, Tandil o Pilar (para nombrar algunas gobernadas por Juntos por el Cambio) cualquier vecino podría preguntar cuánto costaron las fiestitas que vivimos durante la campaña o qué costo tuvieron los bellísimos y premiados murales pintados por el consagrado artista Martín Ron. Quizás el próximo cuerpo de concejales de nuestra ciudad avance en este tipo de iniciativas, que por el momento no tiene lugar en sus discursos de campaña. La idea de un gobierno abierto no es contra nadie, es a favor de la ciudadanía y del deber de transparencia y confianza que todo gobierno debe disponer.
