18.07.2025
La fiscalía federal con sede en San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello, solicitó nuevas medidas de prueba luego de que una reciente inspección de la Autoridad del Agua (ADA) detectara vertidos no autorizados en la planta que la empresa agroquímica ATANOR S.C.A. posee en esta ciudad. La fiscalía busca determinar si la firma incumplió una medida cautelar vigente que le prohíbe volcar efluentes líquidos al medioambiente.
El caso forma parte de una investigación iniciada en 2014 por contaminación ambiental del río Paraná y suelos adyacentes, en la que están imputados seis directivos de ATANOR y ocho funcionarios de organismos provinciales de control, entre ellos el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y la propia ADA. La causa también cuenta con el apoyo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González.
Según los peritajes realizados, se detectaron residuos de atrazina en el agua y cipermetrina y trifluralina en los suelos, compuestos químicos que suponen un riesgo para la salud pública, especialmente para los vecinos de los barrios Química y Ponce de León, ubicados en inmediaciones de la planta.
En mayo de 2023, la fiscalía había solicitado al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, el llamado a indagatoria de los imputados. Sin embargo, el pedido no prosperó por diferencias de criterio entre la fiscalía y el juzgado. Ante la negativa judicial, el Ministerio Público Fiscal apeló ante la Cámara Federal de Rosario, que ordenó al juez de primera instancia expedirse sobre el planteo. Aun así, la falta de resolución llevó a una segunda apelación en diciembre de 2024, sin que hasta la fecha la Cámara se haya pronunciado.
En paralelo, la fiscalía solicitó en su momento una medida cautelar para que ATANOR suspendiera el vertido de efluentes hasta adecuar su proceso a la normativa ambiental vigente. El pedido fue aceptado por el juez, quien además ordenó la intervención de organismos estatales como el Ministerio de Ambiente de la Nación, COFEMA, y autoridades hídricas provinciales.
No obstante, el 9 de junio pasado, una nueva inspección de ADA detectó irregularidades en el tratamiento de aguas residuales en el predio. Esto motivó una nueva presentación del fiscal Di Lello, el 13 de junio, en la que solicitó pruebas adicionales para establecer si la empresa violó la cautelar judicial y si su accionar podría configurar un delito ambiental.
La causa se mantiene abierta mientras el Ministerio Público Fiscal insiste en avanzar con las declaraciones indagatorias y en establecer responsabilidades por los impactos ambientales en la ciudad de San Nicolás.
