12.10.2023
Cada argentino tiene el derecho de elegir ideológicamente su posición política según sus convicciones, eso está garantizado por la consitucion nacional.
Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que ha tenido la libertad de cambiar en diferentes oportunidades su ideología politica, desde su juventud como Montonera a la actualidad, no le parece bien que existan personas que piensen diferente a ella, mucho mas si se trata de ciudadanos identificados con el Kirchnerismo. Según la candidata, el Kirchnerismo debe ser destruído. Por esto, fue denunciada penalmente al considerar que promueve el odio y la violencia.
La violencia discursiva de Bullrich está en su ADN, eso incluso quedó demostrado en los recientes debates presidenciales, donde además no presentó ninguna propuesta, pero si dejó en claro su antipatía por quienes piensan distinto políticamente.
La intolerancia que inculca Bullrich es la actitud y el comportamiento de rechazo, falta de aceptación y hostilidad hacia aquellos que tienen opiniones, creencias o características diferentes a las propias. Es una forma de cerrarse a la diversidad y negar el respeto y la igualdad de derechos a los demás.
Cuando un candidato a presidente adopta la intolerancia como ideología, las consecuencias pueden ser perjudiciales para la sociedad y el país en varios aspectos, como pueden ser :
División social: La intolerancia promueve la división entre diferentes grupos de la sociedad. Al fomentar la discriminación y el odio hacia determinados colectivos, se generan tensiones y conflictos que pueden fragmentar a la sociedad en facciones enfrentadas.
Discriminación y violencia: La intolerancia puede llevar a actos de discriminación y violencia contra aquellos que son considerados “diferentes”. Esto puede manifestarse en forma de agresiones físicas, verbales o incluso institucionales, creando un clima de miedo e inseguridad para quienes son objeto de estas actitudes discriminatorias.
Pérdida de derechos y libertades: Cuando un candidato intolerante llega al poder, existe el riesgo de que se promulguen políticas y leyes que restrinjan los derechos y libertades de ciertos grupos de personas. Esto puede incluir limitaciones en la libertad de expresión, la libertad religiosa, los derechos LGBT+, entre otros.
Retroceso en el progreso social: La intolerancia impide el avance hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Al promover estereotipos negativos y prejuicios, se dificulta el reconocimiento y la valoración de la diversidad como un elemento enriquecedor para la sociedad. Esto puede frenar el progreso en áreas como la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia social.
Deterioro de las relaciones internacionales: Un candidato intolerante puede generar tensiones y conflictos con otros países y comunidades internacionales. La falta de respeto hacia la diversidad cultural y las diferencias políticas puede afectar las relaciones diplomáticas y comerciales, debilitando la posición del país en el ámbito internacional.
Desconfianza y erosión de la democracia: La intolerancia socava los principios fundamentales de la democracia, como el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la participación ciudadana. Al promover el discurso del odio y la exclusión, se crea un clima de desconfianza y polarización que puede erosionar los cimientos democráticos de un país.
En resumen, llevar adelante la premisa de la intolerancia como ideología en un candidato a presidente tiene consecuencias negativas para la sociedad y el país en su conjunto. Genera división, discriminación, violencia, pérdida de derechos, retroceso en el progreso social, deterioro de las relaciones internacionales y erosión de la democracia. Es fundamental promover valores de respeto, tolerancia e inclusión para construir sociedades más justas y equitativas.
La denuncia por “delitos electorales y penales”
La acusan de cometer “delitos electorales y penales” en sus spots de campaña y en sus declaraciones públicas, además de solicitarse la “inmediata interrupción de la difusión de sus ataques discriminatorios”.
La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, fue denunciada este jueves en Santa Fe ante la Cámara Nacional Electoral por “delitos electorales y penales” a través de sus spots de campaña y declaraciones públicas en los que propone “destruir al kirchnerismo”, que según la presentación violan la ley 23.592, que pena actos de discriminación.
El escrito de 13 páginas fue presentado por el referente de los organismos de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Kofman, con el patrocinio del abogado Guillermo Munné, querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en Santa Fe.
La denuncia considera ese tipo de manifestaciones como “actos proselitistas contrarios al derecho político y constitucional argentino, constitutivo de delitos según lo establecido en la Ley 23.592”.
La denuncia añade que los dichos y spots de Bullrich violan “las garantías fundamentales contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos” y en distintos pactos y tratados internacionales.
En la denuncia, Kofman solicita la “inmediata interrupción de la difusión de sus ataques discriminatorios y promotores de violencia”, que “debe comprender los spots audiovisuales que por disposición del régimen electoral se emiten reiteradamente en todos los canales televisivos del país”.
Además, le solicita a la Cámara Nacional electoral que “ordene a Bullrich a pedir disculpas públicamente sobre estas expresiones y publicaciones”, en particular “las proferidas en la ciudad de Santa Fe, cuando dijo que se ocupará de ‘destruir al kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país”.
