El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó la elevación a juicio de ocho personas acusadas de formar una asociación ilícita fiscal. De acuerdo al requerimiento, los integrantes de la organización se dedicaron a la emisión y comercialización de facturación apócrifa entre 2008 y 2013, valiéndose de distintas personas físicas y jurídicas inscriptas como contribuyentes ante la AFIP DGI, con la finalidad de comercializar comprobantes de facturación falsos, para facilitar a quienes los comprasen la manera de disminuir de manera fraudulenta su carga tributaria.
La investigación surgió a partir de una denuncia formulada por la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Mercedes de AFIP DGI ante el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, debido a los resultados arrojados por las fiscalizaciones seguidas a diversos contribuyentes. Al entrevistarse con los titulares de estas cuentas, se detectó que carecían de capacidad económica y financiera para efectuar las operaciones comerciales declaradas a su nombre, advirtiéndoles que habían sido manipulados por una misma organización dedicada a la generación de comprobantes de facturación apócrifos. De esta manera, ofrecían las facturas generadas por estas “usinas” a otros contribuyentes, permitiéndoles registrar en sus contabilidades un crédito o gasto inexistente que les permitiera disminuir su carga impositiva.
Así, se advirtieron numerosas y estrechas vinculaciones entre las usinas, lo que permitió determinar que las inconsistencias advertidas por la inspección en relación a cada uno de los contribuyentes se correspondían al accionar delictivo de una misma organización que se encontraba manipulando la operatoria. En todos los casos, la operativa era similar: a través de la firma de un poder y la entrega de una clave fiscal, los acusados emitían facturas a nombre de contribuyentes sin que estos lo supieran y también abrían cuentas y realizaban operaciones bancarias en su representación, evitando que de esta manera el fisco tomase registro de quienes eran las personas y entidades que realmente participaban de estas transacciones.
De acuerdo al requerimiento del fiscal Di Lello, la organización era liderada por Juan José Pelle, ya que aparece como nexo común entre la operatoria de la distintas usinas manipuladas por la organización. El hombre era el encargado de vincular y dirigir la operatoria criminal al “reclutar” a los distintos contribuyentes. Pelle intervino en la concesión de poderes bancarios otorgados por uno de los contribuyentes utilizado como usina en favor de dos miembros de la organización y también actuó personalmente como apoderado de otro de ellos. Además, como representante de una de las usinas utilizadas por la organización, otorgó la estructura societaria necesaria a los fines de la generación de comprobantes apócrifos. Por otra parte, efectuó depósitos de dinero en una cuenta perteneciente a una de las usinas, como también cobró cheques a nombre de estos contribuyentes.
Jorge Ignacio Pelle -hijo del principal acusado- fue señalado como integrante al realizar depósitos en efectivo en una cuenta del Banco Nación perteneciente a una de las usinas y era el encargado de realizar las presentaciones de las declaraciones juradas impositivas de al menos dos de ellas, ya que fueron realizadas desde la IP perteneciente a una firma de la cual él era integrante y administrador de la clave fiscal.
El tercer acusado, Eleuterio Galeano, puso al servicio de la organización su domicilio fiscal a fin de que sea declarado como tal por una de las usinas al momento de su inscripción como contribuyente ante la AFIP, lo que le permitió llevar un control de distintos requerimientos impositivos. Galeano figuraba además como apoderado de esta usina, lo que le permitía amplias facultades para efectuar la adquisición y enajenación de bienes, como también realizar operaciones a su nombre. Así, solicitó la impresión de facturas a nombre de dos usinas, siendo él quien las retiró personalmente, y efectuó depósitos en cuentas bancarias.
Según el requerimiento, la organización se completaba con Ítalo Masat y Máximo Canteros, que oficiaron de apoderados bancarios de algunas de las usinas para operar en cajas de ahorro que abrieron a nombre de estos contribuyentes, lo que les permitió llevar un control de los fondos depositados en esas en concepto de distintas operaciones simuladas. Rodolfo Valentín Quintan brindó su domicilio Fiscal como domicilio para facturar mientras que Basilio Sandoval era la persona de contacto respecto a las operaciones concertadas con una de las usinas. Por último, Patricio Alley habría prestado su nombre y calidad de contribuyente ante la AFIP, además de intervenir directamente en la ejecución de distancias maniobras desplegadas, e incluso y retiraba talonarios de facturas a nombre de terceros.
