12.08.2020 La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia por los incendios en las islas del Paraná, y requirió la inmediata creación de un Comité de Emergencia Ambiental para detener los incendios en el Delta del Paraná, y que adopte las medidas eficaces para la prevención y control. El gobernador Omar Perotti celebró la idea.
El máximo tribunal, con voto unánime, se declaró competente en una acción de amparo colectivo ambiental promovida por la asociación civil “Equística Defensa del Medio Ambiente” contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria.
Ordenó, además, que el Comité, compuesto por provincias y municipios demandados, adopte medidas para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en la región del Delta del Paraná, utilizando las bases del “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP) de 2009, que contiene entre sus cometidos la problemática de los incendios. Luego deberán elevar a la Corte un informe sobre la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.
A criterio de la Corte, “existe prueba suficiente, de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente”.
Respecto al encuadramiento legal, la Corte dijo que la cuestión planteada está contemplada en diversas normas jurídicas y el caso presenta, prima facie, aspectos que encuadran los hechos denunciados en la figura legal de la “emergencia ambiental”.
“Los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la justicia será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental”, se añadió.
La decisión involucra al Estado Nacional (a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) junto a los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las municipalidades de Rosario y Victoria a quienes requirió el informe que deberá ser presentado en el plazo de 30 días corridos.
Según destacó la propia Corte, el Delta del Paraná es un inmenso humedal y, como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, es un ecosistema vulnerable que necesita protección.
