3 de julio de 2019 era detenido Ademar Alberto Gutiérrez Chiapas. Tenía USD 650.000 en cuentas en el exterior, además de propiedades en el norte de Buenos Aires, Marcos Paz y Córdoba.
Se trata de Ademar Alberto Gutiérrez, funcionario jerárquico de la Aduana de la ciudad bonaerense de San Nicolás detenido a principios de julio de 2019 -luego liberado- como acusado de constituir parte de su patrimonio con recursos provenientes de presuntos ilícitos vinculados a su cargo en la administración pública.
Gutiérrez fue procesado el 26 de julio de 2019 por presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario público, presentación de declaraciones juradas engañosas y lavado de activos, pero recibió la excarcelación tras presentar una caución de un millón de pesos.
El fiscal Matías Di Lello detectó durante la investigación –iniciada en 2017- que había adquirido una decena de inmuebles, varios autos, una camioneta y un cuatriciclo, a la vez que era titular de una cuenta en dólares en un banco de Nueva York, donde tenía depositados más de 600 mil dólares.
La pesquisa también involucró a la esposa y un hijo del funcionario de la Aduana, quienes tenían activos a su nombre originados presuntamente en la actividad ilícita de Gutiérrez, que trabaja en la dependencia oficial desde 1980.
Al procesarlo, el juez de primera instancia, Carlos Villafuerte Ruzo, entendió que no existía riesgo procesal con el acusado en libertad, pero el fiscal ad hoc, Wenceslao Insúa, apeló esa decisión.
Con voto dividido, la Sala “A” de la Cámara Federal de Rosario revocó la excarcelación del funcionario y ordenó que vuelva a prisión mientras continúa la investigación.
Voceros del caso dijeron que el procesamiento de Villafuerte no está firme, porque aún no fue resulto por la Cámara rosarina.
Para el camarista Aníbal Pineda, que fundamentó el voto por la revocatoria de la excarcelación, existen en la causa numerosas evidencias en el comportamiento de Gutiérrez durante el proceso que permitirían inferir riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Por un lado, Pineda puntualizó que “en cuanto la naturaleza del delito reprochado se trata de un hecho grave, complejo y de posible corrupción” y que “los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en tal materia obligan a adoptar todas las medidas jurisdiccionales necesarias”.
Recordó que se formó una causa aparte porque, aparentemente, Gutiérrez fue informado de que era investigado, por lo que dejó de hablar por su teléfono habitual, un día antes de ser detenido cambió el número del móvil, el día del arresto cerró dos casas de seguridad en el Banco Nación de San Nicolás y abrió otra.
Según la causa, al ser detenido llevaba 36 mil dólares encima y había dejado otros 24 mil en la nueva caja de seguridad abierta en la misma sucursal del Banco Nación.
Además, la Policía Federal lo fotografió en mayo de 2019 en un viaje que hizo a la Ciudad de Buenos Aires, en los que dejó cajas con documentación en la baulera independiente de un departamento de su propiedad.
Cuando fue allanada, de allí se secuestró documentación relativa a propiedad y movimientos bancarios del acusado.
“Estas circunstancias ponen en evidencia su capacidad e intención de influenciar sobre el curso de la investigación por tener poder de hecho y económico y el propósito de entorpecer la averiguación de los hechos u obstruir el accionar de la justicia”, consideró Pineda, cuyo voto fue acompañado por el camarista Lorenzo Barbará.
El tercer integrante de la Sala “A”, Guillermo Toledo, votó en cambio en favor de ratificar la libertad de Gutiérrez.
