En nuestra ciudad ya ha pasado varias veces que desconocidos y por distintas circunstancias han hecho llamadas telefónicas amenazando a las autoridades escolares diciendo que habría una bomba en el establecimiento escolar. Las más recordadas son las amenazas en las Escuela Normal y en el Instituto Privado Nuestra Señora de Pompeya. Hoy una jueza castigo a un joven con una condena que intenta frenar este accionar y ser ejemplificadora ante nuevos casos.
Ojala en San Nicolas alguna vez se descubra quien o quienes son los autores de este tipo de situaciones que siempre alteran no sólo al orden del establecimiento escolar sino también a familiares de los alumnos y a los funcionarios públicos como bomberos y policía quienes despliegan en vano todo un accionar preventivo invirtiendo dinero y esfuerzo que no debería.
Además de la suma, el responsable de las amenazas deberá realizar tareas comunitarias y entregar al estado una computadora y un celular de alta gama.
Un joven que el año pasado realizó falsas amenazas de bomba en escuelas de Morón fue obligado por la Justicia a abonar la suma de $60.000 para resarcir los gastos que su accionar le provocó al municipio. Además de dicha suma, el responsable de las amenazas deberá realizar tareas comunitarias y entregar al estado una computadora y un celular de alta gama.
Autoridades del municipio de Morón señalaron que la inédita medida apunta a prevenir nuevas intimidaciones y solventar los costos de los operativos anti-explosivos desplegados por el municipio, que el año pasado superaron los costos de medio millón de pesos.
La medida de castigo para el joven que realizó las amenazas fue tomada por la jueza Graciela Angriman en la sede del Juzgado en lo Correccional Nº5, bajo el marco de una causa cuya carátula es “Intimidación pública reiterada en tres oportunidades”. La magistrada suspendió el proceso a prueba que recaía sobre el imputado, bajo la condición de que este abone $60.000 en concepto de perjuicios, realice labores comunitarias en un club de barrio y otorgue al Estado un teléfono móvil y una laptop importadas.
El autor de las falsas intimidaciones deberá ponerse además a disposición de las autoridades de las escuelas afectadas por su accionar. Allí le podrán solicitar que realice cualquier tipo de tarea que las instituciones necesiten, “en función de los hechos perpetrados”. Si el joven realiza todas las tareas asignadas y no comete un nuevo delito, podrá beneficiarse con la extinción de la acción penal. En caso contrario, será llevado a juicio.
La suma será destinada al Municipio, que se presentó como particular damnificado a partir de los gastos que implicó la activación de los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes a este tipo de intimidaciones. Es que, ante cada amenaza de bomba efectuada en una escuela, Morón coordina el despliegue logístico requerido para, rápidamente, acudir al establecimiento.
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