La Policía de Córdoba detuvo ayer a un alto funcionario judicial tras ser acusado de sacar fotos y filmar a mujeres por debajo de sus polleras.
El sospechoso fue identificado como Hernán Cipolla Sánchez, secretario N° 6 del Juzgado Penal Juvenil de 6ª Nominación de Córdoba, a cargo de la jueza Liliana Beatriz Merlo de Rossi.
Cipolla Sánchez permaneció arrestado por cerca de dos horas ya que fue observado tomando fotografías con su celular a mujeres que pasaban cerca suyo. Cuando se aproximaba a ellas, realizaba una práctica conocida mundialmente como “upskirting“: colocar el teléfono personal debajo de las faldas para, sin mediar consentimiento, registrar la imagen de las partes íntimas de las mujeres.
De acuerdo a la normativa local, Cipolla Sánchez violó el artículo 51 del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba que refiere a las “molestias a personas en sitios públicos“.
“Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis unidades de multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que molestaren a otra persona afectando su decoro personal mediante gestos, palabras o graficaciones en la vía pública, lugares de acceso público o desde un lugar privado con trascendencia a terceros”, reza el texto de Convivencia.
Además, la inconducta registra un agravante cuando se trate de personas o situaciones cuando exista una asimetría de poder: “El máximo de la sanción prevista se duplicará si la víctima fuere mujer, menor de dieciocho (18) años de edad, mayor de setenta (70) años de edad o si el hecho se produjere en horario nocturno, cualquiera fuere su edad”.
El secretario judicial cometió el abuso cuando estaba dentro de su horario de trabajo, lo cual representa un agravante para el ámbito de tribunales, señalaron desde ese entorno.
Uno de los testigos privilegiados de la causa es un taxista. El conductor detectó la situación al observar el comportamiento rebuscado que hacía el secretario judicial. Cipolla Sánchez colocaba el celular en una mochila y luego, acercándose a las jóvenes con ese bolso a baja altura, captaba las imágenes con una actitud “distraída”.
Pero el peón observó todo. Cuando vio que la conducta se repitió por segunda vez, bajó del coche e hizo la denuncia ante la policía provincial. Su testimonio está incorporado en el expediente.
Sin embargo, por tratarse de una denuncia de índole privada, la legislación exige que sea la víctima quien haga una acusación por el hecho.
Durante la detención, la Policía secuestró el teléfono del secretario penal. El aparato es clave para analizar el contenido y verificar si están allí las imágenes que originaron el escándalo en los tribunales de Córdoba.
